24 de julio de 2019
En el PRI Jalisco lamentamos la decisión anunciada por el gobierno de Jalisco que castiga la economía de miles de familias jaliscienses. El incremento de más de 35 por ciento a la tarifa del transporte público no solo resulta indignante y falto de sensibilidad; sino que es también una medida tomada de manera arbitraria e ilegal por el titular de poder Ejecutivo en el estado.
El gobernador de Jalisco en la rueda de prensa para dar a conocer la decisión del incremento, refirió como responsable del aumento en la tarifa en el Siteur para Tren Ligero y Macrobus a la Administración anterior, tratando de evadir con ello su responsabilidad en la decisión de aumentar el costo del transporte público.
Por ello, es importante recordarle que La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el artículo 49 establece las entidades paraestatales como organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos. Por lo tanto, Siteur se identifica como un Organismo Público Descentralizado por lo que no aplica el que se catalogue como Ruta Empresa.
El aumento anunciado no se justifica pues se otorga sin que se cumpla con un servicio de transporte a la altura de los jaliscienses: sin prepago, sin unidades renovadas, capacitación para los choferes y sin frecuencia de rutas.
Hacemos un llamado para que el gobierno de Jalisco revierta este aumento, respete la Ley de Movilidad y evite la manipulación en el procedimiento para definir las tarifas del transporte público. Al mismo tiempo respaldamos a la fracción del PRI en el Congreso de Jalisco de presentar un amparo colectivo como el derecho de los ciudadanos para protegerse de una medida que a todas luces perjudicará la economía de las familias en nuestro estado.
“El transporte público debe volver a ser un servicio, antes que un negocio”. La frase es un anhelo de la sociedad; pero también fue pronunciada como un postulado de la llamada refundación del estado. Hoy el gobierno debe hacer valer sus palabras en los hechos.
