Reforma de agua de Morena: una ofensiva contra el campo mexicano

En el PRI Jalisco advertimos que la nueva Ley General de Aguas, lejos de garantizar seguridad hídrica acabará por criminalizar a campesinos, productores y comunidades rurales.

La iniciativa propone endurecer las sanciones a quienes hagan un uso distinto del agua asignada: trasladar, ceder, intercambiar por pago, o simplemente cambiar el destino original del recurso, podría desencadenar multas millonarias, revocación de concesiones e incluso penas de cárcel de entre 2 y 10 años.

Las consecuencias para el campo son devastadoras:

* Transformación de concesiones históricas —muchas heredadas por generaciones— en permisos temporales, sujetos a la discrecional decisión de
autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

* Riesgo de perder el derecho al agua, patrimonio fundamental del productor y de su familia.

* Desaparición de la certeza jurídica y patrimonial construida por generaciones de campesinos.

* Concentración del control hídrico en el gobierno federal, debilitando los módulos y asociaciones rurales, que han sido garantes de la producción agrícola
nacional.

Por si fuera poco, la reforma también transforma el agua en un bien aún más centralizado: la Conagua controlaría distribución, tarifas, infraestructura y asignación del recurso, con un papel preponderante en la vida del campo.

En este contexto, el Partido Revolucionario Institucional reafirma su compromiso con las mujeres y los hombres del campo, quienes día a día alimentan a México. El PRI ha llevado a cabo foros de escucha ciudadana —en Ciudad de México, Chihuahua, Campeche, Tabasco, Guanajuato, Aguascalientes, entre otros estados— para recoger las voces de productores, campesinos y sociedad civil, y defender su patrimonio vital: el agua.